La supervisión de IA que el directorio
solo prueba si la registró antes.

La IA desplaza el terreno probatorio.

Lo que los instrumentos tienen en común es el momento en que llega la exigencia. La doctrina societaria de Delaware ofrece el mecanismo más claro. El estándar Caremark, asentado allí hace casi tres décadas, responsabiliza a los administradores por falla de supervisión en dos hipótesis: no instalar un sistema razonable de información, o ignorar las señales que produjo.

En la lectura de Pierluigi Matera, publicada en el Oxford Business Law Blog en marzo de 2026, la IA mantiene intacto el estándar jurídico de Caremark y desplaza el terreno probatorio por el cual se demuestra la supervisión de buena fe. La razón es estructural: los sistemas de IA pasaron a producir la propia información que el directorio supervisa, como monitoreo de compliance, detección de anomalías y triaje de denuncias. Aceleran el reporte y también moldean lo que se reporta. La supervisión migra de señales detectables por personas a cajas negras mediadas por algoritmo, y la segunda prueba de Caremark queda comprometida en la raíz, porque un directorio no puede ignorar conscientemente una alerta que nunca apareció.

La doctrina está asentada. Matera fundamenta la aplicación de Caremark a la supervisión de IA a partir de ella, y el artículo no presenta ningún fallo de Delaware sobre una falla de supervisión de IA. Es con ese estatus que esa lectura debe llegar al directorio.

De ahí se desprende el punto operativo. La pregunta por la asignación queda dormida hasta el momento en que deja de estarlo, y ese momento es justamente aquel en que ya no es posible responderla bien. Un directorio no registra en acta una asignación después del daño y obtiene algún efecto de ello. La ventana de registro es anterior al evento que vuelve necesario el registro, y se cierra sin aviso.

Una analogía funcional parcial.

La discusión estadounidense suele llegar a Brasil como novedad importada. El derecho brasileño tiene solo una parte de la función de supervisión que esa discusión describe.

Los arts. 142, I y III, y 153 de la Ley brasileña 6.404/76 atribuyen al directorio la orientación general de los negocios, la fiscalización de la gestión de los directores, el poder de examinar libros y papeles y de solicitar información, y un deber general de diligencia. Ahí reside la función de supervisión. Cuando la falla involucra actos ilícitos de otros administradores, el art. 158, §1º agrega una regla específica: responde el administrador que sea connivente, que sea negligente en descubrir los ilícitos, en las palabras del estatuto negligenciar em descobri-los, o que, teniendo conocimiento de ellos, deje de actuar para impedir su práctica. La disidencia consignada en acta exonera, dentro de los límites del dispositivo.

La doctrina brasileña lee esas hipótesis a la luz de la vigilancia y de la culpa in vigilando. Aun así, el objeto del §1º es más estrecho que el de la doctrina estadounidense: trata de ilícitos de otros administradores, mientras que Caremark trata de la supervisión de los sistemas de información, de los controles y de las operaciones de la empresa. El elemento subjetivo también difiere: el §1º admite responsabilizar por negligencia en el descubrimiento de esos ilícitos, y Caremark exige mala fe, caracterizada por la falla consciente en la supervisión. La analogía funcional entre los regímenes es solo parcial.

Algunos votos de la CVM ayudan a delimitar esa comparación. En el caso Forjas Taurus, en 2020, el voto del relator, Gustavo Gonzalez, trató el deber de monitoreo del directorio a la luz del deber general de diligencia, como una obligación de medios y no de resultado, en un análisis que articula la competencia fiscalizadora del art. 142, III, con el art. 153. En el caso T4F, en 2025, el relator, João Accioly, escribió que los estándares de Caremark están, en sus palabras, por aqui em certa medida recepcionados, acogidos en Brasil en cierta medida. La directora Marina Copola acompañó la absolución con reservas a la fundamentación, sin pronunciarse expresamente sobre esa recepción. Esos pasajes, por sí solos, no demuestran una posición consolidada de la CVM que equipare las pruebas de los dos regímenes. Ninguno de los dos casos trata de IA.

El §3º agrega la consecuencia que interesa a esta discusión. En las sociedades abiertas, la responsabilidad solidaria del §2º, relativa al incumplimiento de deberes legales necesarios al funcionamiento normal de la empresa, queda restringida, salvo el §4º, a los administradores que hayan recibido por disposición del estatuto la atribución específica de cumplir esos deberes. La atribución estatutaria es jurídicamente operante en ese régimen específico. Reglamento de comité, política interna, matriz de responsabilidades o acta pueden tener valor probatorio y de gobernanza, y no son automáticamente equivalentes a la disposición estatutaria que el §3º exige.

Esto no significa que toda responsabilidad esté determinada por el estatuto, ni que la ausencia de designación produzca inmunidad. Permanecen la responsabilidad por conducta propia, el deber de diligencia, la función fiscalizadora del directorio, la regla del §1º y la solidaridad del §4º para quien conoce el incumplimiento y no lo comunica a la asamblea. El efecto de la inexistencia de atribución estatutaria sobre el §2º no está expresamente resuelto. La lectura restrictiva, amparada en el §3º, es que en las sociedades abiertas la solidaridad civil del §2º no se expande automáticamente sin atribución estatutaria específica. Eso no produce inmunidad: según los hechos, la imputación y el nexo, permanecen la responsabilidad individual del caput, el encabezado del artículo, y del §1º, el supuesto del §4º y, en un plano distinto, el deber de diligencia del art. 153. En procesos sancionadores, algunos votos de la CVM divergieron sobre el uso del art. 144 para atribuir responsabilidad administrativa en materias no distribuidas por el estatuto. La divergencia quedó explícita en el PAS CVM 19957.004388/2023-41, juzgado en 2025: el relator invocó el dispositivo para alcanzar a toda la diretoria, el órgano ejecutivo brasileño, distinto del directorio, en un área vagamente descrita; el voto-vista, emitido tras pedido de vista y divergente en el fundamento, exigió vínculo funcional y los elementos del tipo, y el Colegiado absolvió por unanimidad a los directores de tecnología y operaciones. Esa controversia es administrativa y no resuelve la solidaridad civil de los §§2º y 3º.

Los dos votos del caso T4F, ambos por la absolución, convergen en la insuficiencia de la previsión meramente formal de controles. Para João Accioly, previsiones meramente formales de controles internos no bastarían para cumplir adecuadamente el deber de fiscalización si en la práctica los controles no se utilizaran, o si los miembros del directorio ignoraran las señales de alerta que generaran. Para Marina Copola, la mera existencia de políticas internas, desvinculada de un análisis crítico sobre su efectividad, no basta para determinar si los administradores están cumpliendo debidamente el deber de diligencia. La transposición a la IA es lectura de Alkemia: el registro de la asignación documenta la función recibida, y la evaluación de su ejercicio considera también la adecuación y el funcionamiento efectivo de los controles y la respuesta a las señales de alerta que produzcan.

El mecanismo tiene un caso brasileño que no necesita hipótesis. En el PAS CVM 24/2006, un director acusado de no establecer controles internos eficaces sobre un área subordinada a él fue absuelto por unanimidad por el Colegiado de la CVM, en un juzgamiento de 2013 en el cual el relator leyó la dimensión fiscalizadora de la diligencia como sujeta a un análisis de razonabilidad y de adecuación de los controles. En el recurso de ofício, la apelación obligatoria que sigue a una absolución, el Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, última instancia administrativa, convirtió esa absolución en multa en febrero de 2018, por mayoría formada por el voto de calidad de la Presidenta, con el relator del recurso entre los vencidos. Entre la inspección concluida en 2006, que dio origen al caso, y el desempate en el CRSFN pasaron más de once años.

La aproximación con la doctrina estadounidense es una lectura comparativa de Alkemia. Las decisiones y los votos brasileños examinados en este análisis no demuestran una posición institucional consolidada que equipare las pruebas de los dos regímenes. Su aplicación a una empresa o a un incidente específico depende de la estructura estatutaria, de las funciones efectivamente ejercidas y de las normas sectoriales aplicables.